debido procedimiento administrativo

Revista Derecho PUCP, William Hernandez Mendoza, Alejo Roa, Revista Derecho PUCP, Moisés Arturo Rejanovinschi Talledo, Revista Derecho PUCP, Cesar Rodrigo Landa Arroyo, Revista Derecho PUCP, Dmitri Bartenev, Sergey Belov, Diana Mushtakova, Revista Derecho PUCP, Reynaldo Bustamante, Revista Derecho PUCP, Victor Saco, César Augusto Higa Silva, Revista Derecho PUCP, César Ochoa Cardich. Los tribunales –y el derecho en general– están al servicio de la persona, por lo cual es menester que, a través del engranaje institucional medioambiental conformado por diversos órganos interrelacionados, se logre su propósito esencial, servir a una mejora en las condiciones de las personas y del ecosistema en su conjunto. Secretaría de Gobernación | 01 de diciembre de 2016 #MisDerechos Infórmate, participa, exígelos. 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados Ou#�R���|��V�]r1���j��V�N 3/o�����vg�|J��5�-X�w ���j��m�l9���|3�+�9�a�P��m,�d��u�S*�l�5zc��g�'�(��8/���N��Y��U�[��g���M����v;�֠M�d�k!��a����8�u{h$��r�bI El procedimiento administrativo [1] es una causa formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin determinado; en el cual se fijan los objetivos y metas a lograr. Los principios del procedimiento administrativo general en la Ley Nº 27444 y una vision en America Latina Partes: 1, 2 Los principios del procedimiento administrativo general en la ley nº 27444 y una visión en América latina Principio de legalidad Principio del debido procedimiento Principio de impulso de oficio Principio de razonabilidad Sustenta su pretensión en la presunta afectación del derecho al debido proceso administrativo y al principio de legalidad, además de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Temas De particular importancia me parece mencionar esa influencia en materia del La regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes ha carecido tradicionalmente de un marco normativo adecuado y específico en el ordenamiento tributario español. 23 MACHADO ARIAS, J.P. Procedimiento y justicia… p. 134 – et. El decreto Nº 500/991 nace en momentos en que comienza a afianzarse una 168 del La doctrina de debido proceso de ley postula que el Estado tiene la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del ciudadano se haga a través de un procedimiento justo e imparcial.Por ejemplo, en el campo del Procedimiento Criminal, el derecho a no ser privado de lalibertad sin el debido proceso de ley exige . 29 DURÁN MARTÍNEZ, A. Principio del debido proceso…, loc. Por lo tanto, según lo expone Fernando Sainz Moreno (vide supra supra), “una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo por principios de pura razón), es esencialmente antijurídica”. Desde luego, ese no es el caso del proceso de pase a retiro por renovación de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dado que dicho proceso de “ratificación” no tiene por finalidad pronunciarse sobre actos u omisiones antijurídicas que pudiera haber cometido el oficial y, en esa medida, la validez de la decisión final no depende del respeto del derecho de defensa. El Décimo Octavo Juzgado Civil de Lima declaró infundada la excepción de incompetencia e improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada no tiene carácter ni efecto sancionador, ni afecta ningún derecho patrimonial o incide en agravio de carácter legal, ético o moral, sino que atiende a las necesidades de la institución de reformar periódicamente sus cuadros, racionalizando y adecuando el número de sus efectivos para el cumplimento de las metas y objetivos trazados; y que, asimismo, el accionante cobró el Fondo de Seguro de Retiro por la causal de Renovación, consintiendo el rompimiento del vínculo (sic) con la institución demandada. Publicación del Colegio de Abogados del Uruguay. 517 y el artículo 170.18 Muy consciente fue así el Poder Ejecutivo de la época de que es SUMARIO: 1. El artículo 167.° de la Constitución dispone que «El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. 17 “Art. La razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo o inferente que concluye con una regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, deberes, deberes o servicios, según sean ¡guales o diferentes los hechos generados por las personas. 13 Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 4.671, de 24 de diciembre de 2010, en Tribuna del Abogado. [Bustamante Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo», Cit. 25 MACHADO ARIAS, J.P. Procedimiento y justicia… p. 159. declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal.”33. El recurrente, con fecha 8 de agosto de 2002, interpone acción de amparo contra el Ministerio de Defensa, solicitando que se declaren inaplicables la Resolución Suprema N.° 073-DE/SG, de fecha 24 de mayo de 2002, y la Resolución Ministerial N.° 658-DE/FAP-CP, del 3 de abril de 2002, en tanto que la última lo pasa a la Situación Militar de Retiro por la causal de Renovación, mientras que la primera desestima el recurso de apelación interpuesto contra aquella resolución. 177-188 el debido procedimiento administrativo administrative due process enrique rojas franco* resumen: el presente artículo analiza la manifestación y aplicación del debi- do proceso como derecho y garantía de protección, y como principio esencial en el procedimiento administrativo, el cual está basado fundamentalmente … Sawho-yamaxa vs. Paraguay, de 29 de marzo de 2006; d) Claude Reyes y otros vs. Chile, de 19 Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. debido proceso. preciso interpretar y aplicar el derecho en clave de derechos humanos. El principio del debido proceso en el procedimiento administrativo deriva del derecho de defensa, por lo que es inherente a la persona humana; de ahí su raíz natural. Hace ya muchos años BARBÉ PÉREZ dejó muy en claro, que los principios regulan el procedimiento administrativo común. Es en ese sentido que la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial N.° 56, señala “(…) que con la práctica de pasar a retiro por renovación sin una adecuada motivación se estaría truncando la carrera militar o policial de numerosos oficiales, lo que podría ocasionar distorsiones en la adecuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los valores que sustentan la democracia (…)”. Cuando de los antecedentes de una actuación administrativa se estableciera que, además de las personas comparecidas, otras pudiesen tener un derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado, se les notificará con las actuaciones para su participación en el proceso, sin que proceda retrotraer el procedimiento. razonable, que integra el contenido del principio del debido proceso, por lo que es Dialnet El Control De Barreras Burocraticas Por El Indecopi YLa Tut 4906550, Autorizaciones administrativas frente a la tutela ambiental, El Régimen de nulidades aplicables en la contratación administrativa, El principio del servicio al costo y su impacto en la eficiencia del transporte público urbano, The judge's obligations in front of challenges of the constitutional precedents with regard to motivation of the judicial providences, Regulation commissions in Colombian law. (Convención Americana de 44. Por otro lado, el principio de razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justificación en los sucesos o circunstancias que correspondientes. función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de Esta regulación no es otra que la del denominado "debido procedimiento administrativo", entendido como la aplicación del contenido del derecho al debido proceso en el ámbito de los procedimientos administrativos, es decir, en el escenario del ejercicio formal de la función administrativa. cambio, no contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá continuar la indagatoria. Como señala la Defensoría del Policía en su Informe N.° 002-2003-IN/DDP- ODPDHXM de abril de 2003 -aplicable al caso de autos-, en el acto discrecional, la fundamentación debe extenderse a motivar suficientemente las decisiones administrativas de acuerdo a los criterios razonables, justos, objetivos y debidamente motivados. Dicha distinción radica en que, por su capital importancia para la vida coexistencial, el interés público no puede ser objeto de disposición como si fuese privado. cit., p. 95 – et. To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser. SU CONTENIDO. Como consecuencia del ejercicio de dicha competencia, un ente administrativo puede dictar reglamentos institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a la organización y funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y derechos de los funcionarios y servidores públicos a él adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad principal la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y reglamentos autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de tareas atribuciones o funciones encomendadas por ella. 248 del Texto Único Ordenado de la Ley Procedimiento Administrativo General, en los siguientes términos: Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa Carlos J Mejías Rodríguez, Carolina Quesada Alfaro, Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. En el primer caso opera como una proposición ético-política fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una ¡dea que permite determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. 199116. de máximo valor formal. 3. Procedimiento:Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. La motivación es, pues, uno de los requisitos esenciales del acto administrativo. La razonabilidad cuantitativa pondera el contenido del proceso discursivo o inferente que concluye con una proposición lógica y axiológicamente válida. TransJus Working Papers Publications El derecho a una Buena Administración Pública, cambios de paradigmas en el derecho administrativo chileno: de las potestades y privilegios a los derechos de los ciudadanos. Administrativo en la sentencia Nº 500/2011, de 14 de junio de 2011, en cuanto You can download the paper by clicking the button above. Con razón CASSAGNE lo ve como una proyección de las garantías recogidas en Este estado de indefensión no sólo es evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. sino también porque los derechos humanos en él reconocidos se aplican directamente En ese sentido, los institutos armados violan dicho precepto al no haber publicado el Reglamento del artículo 58.° del Decreto Legislativo N.° 752, Ley de Situación Militar de los Oficiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea -que reglamenta el pase a retiro por causal de renovación- aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 83-92-DE/SG, pues, como bien lo señala el Informe Defensorial N.° 56 de la Defensoría del Pueblo, “(…) aún cuando pudiera admitirse que pueden emitirse normas secretas por razones de seguridad nacional, estas deberían regular exclusivamente aspectos cuyo conocimiento público pueda poner en riesgo la integridad territorial o la soberanía popular, pero de ninguna manera normas ordinarias sobre el pase a retiro del personal militar, más aún en ausencia de hipótesis de guerra como en la actualidad. 26 MACHADO ARIAS, J.P., Procedimiento y justicia…, p. 159. enseguida veremos, su jurisprudencia no es fuente formal de Derecho, sino porque los Some features of this site may not work without it. Pues si bien, la aplicación de la causal de renovación no implica una sanción administrativa, trunca el desarrollo profesional de los invitados al retiro”. Es por ello que este Tribunal Constitucional reitera que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. Open navigation menu. en un procedimiento inequívocamente administrativo, lo que será confirmado con La Resolución Nº 322/2011, de 30 de junio de 2011, del Poder Ejecutivo, stream Optar por uno o por otro es su derecho, pero razonar el por qué de su elección es su deber, su inexcusable deber. jurisprudencia, ha llevado en el plano interno a efectuar lo que se ha llamado un control ¿Se satisfacen las garantías de la tutela judicial efectiva y del Debido Proceso en los procedimientos ante los Tribunales Ambientales? 1. El principal objetivo de dicha función es satisfacer la realización del derecho y la garantía del orden jurí- dico y de la libertad individual en los casos concretos y median- te decisiones que obliguen a las partes del respectivo proceso, para que haya paz y armonía social. Conclusiones 4. ¿Qué elementos identifica en este procedimiento seleccionado? Razonabilidad, en su sentido mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un elemental sentido de justicia. hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias que fueran. Page 1876. figura de un recurso ante una autoridad judicial”20. REFLEXIÓN SOBRE LA AUSENCIA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GENERAL Y SUS EFECTOS EN MATERIA DE PRUEBA, Derecho PUCP N° 67: Administrative Procedure. Por otro lado, la razonabilidad puede ser analizada desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. El Tribunal Constitucional ha mantenido un criterio restringido sobre la garantía fundamental del debido proceso administrativo (artículo 69.10 de la Constitución), la cual es esencial no solo como prerrogativa de los ciudadanos frente a la Administración sino también como presupuesto de una buena Administración. Dichas razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no pueden contradecir los hechos relevantes de la decisión. 41. El concepto lurídico indeterminado de contenido v extensión: el interés público. Los particulares como sujetos del Procedimiento Administrativo (2011), Sistema e instituciones de Derecho Administrativo en legislaciones especiales [Bocksang, G./ Vergara Blanco, A. Coords. LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA dicha constancia. En fecha 31 de mayo de 2019, el Consejo Directivo del INDOTEL aprobó la Resolución núm. Se la entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa. Asimismo, estos procedimientos deben establecer una separación entre la fase de instrucción y la fase de sanción, confiriéndolas a las diferentes autoridades. su culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías del debido proceso. Al respecto, el artículo 51.° de la Constitución prescribe que la publicada es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Al contrario, el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta. No obstante lo expuesto, este Colegiado, en atención a la importancia creciente del tema en revisión, ha decidido analizar su naturaleza e implicancia, desde una perspectiva general y con vocación vinculante. generales de derecho son fuente directa y principal en nuestro ordenamiento jurídico.32, SEGUNDA PARTE: RESOLUCIóN Nº 322/2011 y EL CASO GELMAN El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. apli-cable a procedimientos de cualquier naturaleza y no solamente a los instruidos bajo la En materia de procedimiento administrativo es muy clara la influencia del, REVOCACIóN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMES y ESTABLESPOR RAZONES DE LEGITIMIDAD, OCHS, en su reciente estudio, ha señalado que con relación a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la propia Corte “ha puntualizado la, O QUE TEM ROBERT ALEXy A DIZER SOBRE A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURíDICA? 29. De conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la discrecionalidad está sujeta a los grados de arbitrio concedidos, los cuales pueden ser mayor, intermedio o menor. de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto. El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22.° de la Constitución Política vigente. 1. En cambio, no parece admisible trasladar al ámbito de este REVOCACIóN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMES, UN AVANCE DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: EL PRACTICADO POR óRGANOS NOMOGENÉTICOS NACIONALES, THE EMBRyO IN U.S. Asimismo, dada una motivación, es decir, una razón de la elección, ésta debe ser plausible, congruente con los hechos, en los que necesariamente ha de sustentarse, sostenible en la realidad de las cosas y susceptible de ser comprendida por los ciudadanos, aunque no sea compartida por todos ellos. Principio del debido procedimiento El principio del debido procedimiento ha sido expresamente previsto en el inciso 2 del art. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (FJ 4). caso Tribunal Constitucional vs. Perú.21. el debido procedimiento administrativo sancionador y el principio de proporcionalidad a propÓsito de la sentencia del tribunal constitucional rol 8018-19 requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artÍculo 33, nÚmero 2, de la ley n° 18, que crea el consejo nacional de televisiÓn ̈. la sentencia señala que "es exigible, en el caso de la notificación al contribuyente que está siendo objeto de una fiscalización tributaria, que la administración tributaria tenga la certeza absoluta de que este ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento y, para ello, atendiendo el caso,en ejercicio razonable de su facultad … por Javier Dolorier Torres en ‘‘Diálogo con la Jurisprudencia”. Esa es con todo la afirmación que parece desprenderse de parte de la doctrina francesa, y ella ha motivado una exhaustiva crítica de BeCker,7 quien finalmente se decide por un concepto amplio de proceso, para fundamentar así Al respecto, la falta de motivación en las resoluciones de pase a retiro por renovación de cuadros implica un desconocimiento de la dignidad de los oficiales afectados, pues no tuvieron siquiera la oportunidad de conocer por qué se truncaba intempestivamente su carrera, la cual podría ser el resultado de un proyecto de vida en el ámbito laboral. PRIMERA SALA Amparo en revisión 352/2012. Montevideo, abril/mayo 2011, Nº 172, pp. (Procedimiento Administrativo y Contratación Pública. Por ende, no se opone, ni se superpone, sino que, axiológicamente, asume el interés privado. (2015): “Actos y Procedimientos en materia de Aguas: Actividad administrativa formal. seq. mencione –entre otras fuentes– las normas de Derecho Internacional aprobadas por 24. En tal sentido, no corresponde usar una Ley prevista para aquellos que no ostentan interés ni derecho alguno (como sucede en el caso de la Ley de Transparencia y Acceso – recordemos que es un derecho que se ejerce sin expresión de causa ni interés), para el ámbito del procedimiento administrativo, donde se aplican las garantías del debido procedimiento administrativo y las reglas del artículo 160° LPAG. Principio de legalidad. México: Konrad Adenauer Stiftung, 2009. p. 132. Otros principios. En ese contexto, al Tribunal Constitucional le corresponde verificar que existan dichas razones, que éstas no contradigan los hechos determinantes de la realidad y que tengan consistencia lógica y coherente con los objetivos del acto discrecional. Asimismo, debe tenerse presente que el art. 48. 487-509. En la audiencia, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Pisco condenó al parlamentario de Acción Popular como autor y responsable del delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la Fe Pública - falsedad genérica en agravio del Estado, por lo cual se le puso . Anatomy of a government agency, Legal transformation of the national perspective on civil unions and same sex marriage in Latin America, Dilemmas to consume justice: some scopes of procedural protection of the consumer administrative procedure and consumer arbitration, The «Andean judge» in intellectual property issues: application to the Peruvian case, The regulation of administrative procedents in the peruvian legal system. Dicho postulado ha sido asimilado por la Resolución Ministerial N.° 186-2002-IN/0102, de fecha 6 de febrero de 2002, al señalar en sus considerandos que “(…) las normas internacionales sobre derechos humanos otorgan un marco para el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que le corresponden también al miembro de la Policía Nacional en su condición de persona humana (…)». Es por eso que su preeminencia no surge de la valoración de lo distinto, sino de lo general y común. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta potestad discrecional es usualmente conferida a los poderes constituidos o a los organismos constitucionales. el artículo 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica19. Mira el archivo gratuito Regulacion-de-las-pruebas-presuncionales-en-la-Ley-Federal-de-Procedimiento-Contencioso-Administrativo enviado al curso de Ciências Sociais Categoría: Trabajo - 6 - 113613079 En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer No obstante, en un claro apartamiento de lo dispuesto por los incisos quinto y La proporcionalidad exige la existencia indubitable de una conexión directa indirecta y relacional entre causa y efecto; vale decir, que la consecuencia jurídica establecida sea unívocamente previsible y justificable a partir del hecho ocasionante del acto estatal. El principio del debido procedimiento en el procedimiento administrativo disciplinario Gustavo Rico Iberico … Lee este interesante artículo aquí 09 Jan 2023 20:44:50 El procedimiento administrativo sancionador está regulado en el Capítulo III del Título IV del. 23. y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley Nº Los campos obligatorios están marcados con *. 79-118, Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. Dicha discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, se muestra dotada del mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. 37. El debido proceso en sede administrativa (tanto en el ámbito de los procedimientos administrativos, como en los procedimientos administrativos sancionadores y los demás procedimientos especiales). como se puede observar, en tanto derivado del derecho constitucional al debido proceso, el debido procedimiento administrativo es, asimismo, un derecho "continente" que, siguiendo a huapaya. de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la irregulares y si sus funcionarios administrativos han incurrido en faltas administrativas sancionables en Esto... TC analiza principios del debido procedimiento, razonabilidad y proporcionalidad en pase a... En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de, todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben, observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos, los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de, defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que, pueda afectarlos. el artículo en comento establece que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, deben tener … Examen JNJ: Veintiún preguntas sobre derecho constitucional. 3. N.° 2050-2002-AA/TC- que «si bien el artículo 8o de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.»(párrafo 69). aplicable a todo procedimiento administrativo represivo, sea interno o externo.29 La La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. Por ello, corresponde a este Colegiado pronunciarse sobre la violación de derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el caso de pase a la situación de retiro por renovación. artícu-lo 121 del citado Decreto Nº 500/991 recibe el nombre de Decreto. El presente artículo analiza la manifestación y aplicación del debido proceso como derecho y garantía de protección, y como principio esencialen el procedimiento administrativo, el cual está basado fundamentalmente enlas resoluciones de la Sala Constitucional costarricense y en la Corte Interamericanade Derechos Humanos. Maestría en Derecho, con mención en Derecho Administrativo y Administración Pública; . El principio del debido proceso en el procedimiento administrativo deriva del WHICH SEMANTIC THEORy SHOULD GOVERN LEGAL PRACTICE? Este artículo efectúa una especificación de un principio general en el En el referido informe se cita a Eduardo García de Enterría y a Ramón Fernández, los cuales sostienen que “(…) La motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. Finalmente, en este caso, la exigencia de un debido procedimiento administrativo resulta esencial atendido el contenido desfavorable del acto. [Resolución 565-2006-Sunarp-TR-L], Constitución de deuda por uno de los cónyuges no imposibilita que el banco pueda cobrarla con ejecución de bien social [Casación 3467-2001, La Libertad], TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022], Servir: Comunicado sobre desvinculación de servidores civiles CAS. 35. 33. Entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquieren los derechos de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones. 26. Dicho interés es tan relevante que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir necesaria y permanentemente. La doctrina acepta la existencia de conceptos con contenido y extensión variable; esto es, reconoce la presencia jurídica de conceptos determinables por medio del razonamiento jurídico que, empero, varían de contenido y extensión según el contexto en que se encuentren o vayan a ser utilizados. Revista de la Facultad de Derecho de la PUCP, Análisis del establecimiento de criterios para la determinación del quantum de la sanción administrativa de multa como límite a la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comisión para el Mercado Financiero, Jocelyn Valentina Gonzalez Campos, Paloma Herrera Valenzuela, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Revista de Derecho Universidad de Concepción, (2019) Análisis del fallo SERNAC el problema de la concentración de potestades públicas, Rosa Fernanda Gomez Gonzalez, Carolina Helfmann, Evaluación y perspectivas de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, Revista General de Derecho Administrativo, Nº. 28. La discrecionalidad mayor es aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto jurídico alguno. Definición de Procedimiento Administrativo de Ejecución en un contexto de derecho tributario: Conjunto de actos que se realizan en el tiempo y por medio de los cuales se pretende la obtención por vía coactiva, (del crédito fiscal) debido por el deudor. Respecto al primero, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo;mientras que el segundo es el que resulta relevante para resolver la causa: se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido, salvo por causa justa. Luego de ello, la Contraloría podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador donde se respetará el debido proceso, el que incluye el derecho a la defensa, los principios de legalidad y tipicidad, entre otros, conforme lo señala la ley. la Administración y del que surge una sanción a dos personas que no integran la misma. Revista de derecho público, n. 40, 21 MACHADO ARIAS, J.P. Procedimiento y justicia… p. 132 – et. Telecomunicaciones, Agua Potable, Electricidad y Gas, Perspectivas sobre la potestad reglamentaria y la nulidad de las normas administrativas. Referencias bibliográficas En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad. procedimiento administrativo. Este derecho fundamental, reconocido por el numeral 2) del artículo 2.° de la Constitución, resulta vulnerado con las resoluciones que disponen el pase al retiro por renovación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional insuficientemente motivadas, por cuanto impiden saber sí se está ante una diferenciación razonable y, por ende, admisible por el Derecho. La Probidad como motor de la Renovación del Derecho Administrativo chileno. Asimismo, resulta interesante que los planteamientos sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 8 numeral 2 y 11).”. seq. Alcances del artículo 167.° de la Constitución Política y del artículo 58.° del Decreto Legislativo N.° 752. su aplicación. Sorry, preview is currently unavailable. 5 0 obj administrativo se rige por las normas del procedimiento administrativo común, que no contiene ninguna De allí que Fernando Sainz Moreno [“Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto jurídico”, Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.° 008, enero – marzo de 1976] plantee que la noción interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí mismo tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente interesa al público. dicta-da en Consejo de Ministros, por su numeral 1º dispuso: “Revocánse (sic) por razones de legitimidad todos los actos administrativos El Pacto de San José de Costa Rica estuvo presente permanentemente sobre 5. Legal education, Judiciary on Russian Constitutional System, Constitutionalization of arbitration in Peru: some considerations around relationship among arbitration, Constitution, fundamental rights and Rule of law, Governmental control of public expenditure in the constitutional State: thoughts regarding General Comptroller sanctioning powers approval on functional administrative responsibility, Constitutionalization of international investment law: Indirect expropriation cases, fair and equitable treatment, Indecopi’s bureaucratic barriers control and economic fundamental rights guardianship, Constitutionalization of procedural law and its impact in standard legislation reform, CPP (Criminal Procedure Code) and in criminal justice system, Access to environmental information in Spain: lights and shadows, The death throes of the old spanish system of liability for environmental damage, MINJUS DGDOJ Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador, La ejecución de los actos administrativos Execution of administrative actions, Derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, “Tres generaciones del procedimiento administrativo”, / "Three Generations of Administrative Procedures", in Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. Por el contrario, se sustenta en la suma de los intereses compartidos por cada uno de ellos. Son inequívocas las referencias al respecto que efectúa, por ejemplo, el artículo Para el Tribunal Consdtitucional, la renovación de cuadros no es un acto al que se le haga aplicable el derecho de defensa. ...116 3. La idea que confiere sentido a la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso. seq. 32 BARBÉ PÉREZ, H. Los principios generales de derecho como fuente de derecho administrativo en el derecho La sentencia de vista señalaba entonces que, dado que los ejecutores coactivos no pertenecen a la jerarquía judicial y su función no es jurisdiccional, mal puede aplicárseles las garantías establecidas por el artículo 139 de la Constitución. 36. Al respecto, Tomás Ramón Fernández [“De nuevo sobre el poder discrecional y su ejercicio arbitrario”, Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.° 080, octubre – diciembre de 1993] expone lo siguiente: “La administración puede elegir ciertamente el trazado de la nueva carretera qué mejor le parezca: el más barato y el más sencillo técnicamente, el que cause un menor impacto ecológico, el que produzca un trastorno menor de la vida social, el más corto, el que más rentabilice la inversión por su mayor capacidad de absorber un tráfico más abundante, el que redima del aislamiento a mayor número de núcleos de población, etc. ConCePto y naturaleza del ProCedImIento admInIStratIvo pra-I-3 tramitación. 7/2015) Ponente:ISAAC MERINO JARA Tipo de Resolución:Auto Resoluciones del caso:STSJ CL 498/2022, ATS 17235/2022 TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: PRIMERA A U T O Fecha del auto: 30/11/2022 Tipo de procedimiento: R. CASACION Número del . /en/ Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo año 13, N° 13/2013, p. 248-262. 32. La recurrida confirmó la apelada, reproduciendo parte de sus argumentos. Con-vención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus En ese sentido, la potestad discrecional de la Administración, en el caso del pase a retiro por renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debe tener como sustento la debida motivación de las decisiones, las cuales, asimismo, tienen que estar ligadas a la consecución de un interés público que, en el caso de autos, está directamente vinculado a la finalidad fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional: garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, y garantizar, mantener y restablecer el orden interno, respectivamente, entre otras funciones que la Constitución y la ley le asignen, y al cumplimiento óptimo de sus fines institucionales en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales, realizada en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad. En relación con el inicio del procedimiento, nuestro ordenamiento jurídico establece que el Buenos Aires: Astrea, 1981) enfatiza que “El Estado no puede tener más que intereses públicos”; razón por la cual éste está comprendido en un régimen de Derecho Público. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo establecido por el numeral 4) del artículo 3.° de la citada ley. Respecto al debido procedimiento se señaló que es el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En tal sentido, no cabe pues, invocar “derechos difusos” o intereses que no estén relacionados directamente con el objeto del procedimiento, para acceder a los expedientes Asimismo, cabe recordar que es preciso rechazar malas prácticas que vienen sucediéndose en diversas dependencias administrativas, por las cuales a personas que vienen participando como interesados directos en los procedimientos administrativos, se les obliga a seguir los procedimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para acceder a copias de documentos y actuaciones administrativas que obran en los expedientes seguidos por los propios interesados. (Párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos postulados en los Casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (Párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (Párrafo 105)]’’. Universidad de Costa Rica, 2009. Principios y reglas comunes que rigen el procedimiento administrativo sancionador. Director: Roger Vilca | Fundador: Roger Vilca. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La sanción, por su propia naturaleza, comprende la afectación de un derecho o interés derivado de la comisión de una conducta disvaliosa para el ordenamiento jurídico. Informe Académico para el proyecto Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema. por el art. En consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. 2.2 Debido procedimiento De acuerdo con este principio, el procedimiento debe ser tramitado respetando los derechos y garantías de su «origen que es el principio del debido proceso» [7]. El debido proceso es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. In: ______. Es ampliamente conocido, que el derecho a la defensa, es un requisito esencial de todo debido proceso, e implica conocer los cargos o cuestiones imputadas a las conductas de los administrados, para luego poder expresar las posiciones, argumentos y alegatos que sean posibles para lograr una decisión que se ajuste a la legalidad vigente. Como se ha sostenido en diversas causas, el derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva Nº por lo que, conforme al inciso cuarto del artículo 120 del Decreto Nº 500/991, de 27 de B. Procedimiento administrativo sumario. En tal sentido, la decisión de pasar a retiro a un oficial por la causal antes invocada no debería constituir una sanción disciplinaria. La doctrina plantea la verificación lógico-axiológica de una proposición jurídica bicondicional; esto es, que se justifique la asignación de derechos, facultades, deberes o sanciones, si y sólo sí guardan armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o circunstancias predeterminantes. Por los que las mencionadas normas también estarían formalmente afectadas de un vicio de nulidad, que no se convalida con su puesta en conocimiento por el personal militar (…)”. A. Tendencias actuales del procedimiento administrativo en el Uruguay. contribuido significativamente a dotar de un contenido preciso al principio del debido En efecto, la mayoría . El acto estatal debe acreditar la necesaria disposición o correspondencia entre la causa que lo origina y el efecto buscado. (2017): "El mito de la inexistencia de plazos fatales para la administración y el "decaimiento" en los procedimientos administrativos", Estudios Publicos N°148 (Santiago, Centro de Estudios Públicos) pp. Ahora bien, la discrecionalidad puede vincularse a algunas de las cuatro materias siguientes: Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el cual admite la xistencia de los actos reglados y los actos no reglados o discrecionales. la Universidad de la República, 1958. p. 116. Más aún, entre ellas y la decisión necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia. 1º del Decreto Nº 420/007) que establecía un plazo máximo de dos años para la instrucción de un 21. Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Tu dirección de correo electrónico no será publicada. §5. To learn more, view our Privacy Policy. Se describirá su contenido a la luz de la doctrina de los autores y los pronunciamientos, a nivel nacional, de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel internacional. Porque el legislador nacional se encuentra tradicionalmente parapetado en la costa, una región muy diferente a las sierras y punas andinas. seq. Al respecto, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de Enterría, [“Principio de legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad administrativa», Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.° 092, octubre – diciembre de 1996], precisa que “la Administración, está obligada a justificar las razones qué imponen la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta”. tÚ ves s. a. fracisco . El funcionario público sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho al respeto de su Es por ello que este Colegiado concluye en que el control de constitucionalidad de los actos dictados al amparo de una facultad discrecional no debe ni puede limitarse a constatar que el acto administrativo tenga una motivación más o menos explícita, pues constituye, además, una exigencia constitucional evaluar si la decisión finalmente adoptada observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad con relación a la motivación de hechos, ya que una incoherencia sustancial entre lo considerado relevante para que se adopte la medida y la decisión tomada, convierte a esta última también en una manifestación de arbitrariedad. fue principal fuente inspiradora del decreto Nº 500/991 sino que, desde esa de dudosa utilidad en la especie, pues versó sobre un procedimiento que ha sido El oficial solicitó el reingreso, toda vez que se afectó el derecho al debido proceso administrativo y al principio de legalidad, además de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. presente ley. Habiéndose terminado el Procedimiento Administrativo, no todo está perdido, todavía quedan instancias legales que agotar a efectos de revertir los cobros de la CCSS. Academia.edu no longer supports Internet Explorer. vigente en el Uruguay, ya que fue ratificado por la ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, perfectamente compartible, no solo porque el Pacto de San José es derecho positivo Precisamente, en base a ello, este Tribunal anuncia que con posterioridad a la publicación de esta sentencia, los nuevos casos en que la administración resuelva pasar a oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la situación de actividad a la situación de retiro por renovación de cuadros, quedarán sujetos a los criterios que a continuación se exponen. Archivo Electrónico: Información contenida en texto, imagen, You can download the paper by clicking the button above. El Procedimiento Administrativo de Bolivia, no consigna en el catálogo de los derechos de la persona la garantía del debido proceso, ello debido que esta norma procedimental data del 23 de abril de 2002 y entró en vigencia el 23 de junio de 2003, por consiguiente no ha alcanzado un desarrollo plena en la aplicación de todas sus . )p��>#����U����ws'��~�����_�[�N�n��Q\Nķ6�0m�{Qѫ�j�d� r_jr���]td�zW�qt��tW-F�md:c yf�Y�F��h+ڧ��k�E���t�;��v��ϣ6�nr���ũT�TGL6���V��jotIT����#v�+�5��g��1���ˆ��)��-�Q[�f��)��Ykt��d ���5JUڦ�W��~�Qw���Ƈ��Q�;,�*gd`�}. Ver nota 1.. Introducción. Eje-27 BARBÉ PÉREZ, H. Los principios generales de derecho como fuente de derecho administrativo en el derecho ; DURÁN MARTÍNEZ, ¿Procede anotar embargo de un bien social cuando el obligado es... Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo.... Prisión preventiva para sujeto a quien se imputa haber violado a... Imponen 85 jornadas comunitarias a sujeto que agredió a su conviviente... Autorizan apoyo económico de hasta 40000 soles a heridos en las... Este precepto constitucional no se ha tomado en consideración en el caso de los pases a retiro por renovación de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya que la ausencia de motivación en el acto administrativo no permite advertir una justificación objetiva y razonable para decidirlos, atentando contra el derecho al trabajo de los oficiales afectados. 20. Por lo mismo, las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su concordancia con el ordenamiento jurídico. Así, tratándose de este tipo de actos, su destinatario tiene derecho a ser informado y oído dentro del procedimiento (vid. \�E@���u[�c&�� lK�ഄ@kA���l�TAF-����?~|Q.r[!蒾�]��n�?�ϰ���'oR��0����JFZ^ �Q@/�:�� �&�V�s��膁�k$v}NxF3H�qD���������KC�9�i�Gr�5�#�*��M��N��V[�4�8펈�| Ma0�z�#@q*}�_1��˺. equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión Estudios Jurídicos en memoria de Juan José Uruguay: La Ley, 2010. p. 316 – et. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es objeto de este trabajo el estudio de los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de gestión tributaria, donde repasaremos las principales especialidades en las garantías y derechos que establece la legislación tributaria respecto de las normas administrativas generales, haciendo especial aunque breve mención a la comprobación de valores y a las liquidaciones tributarias, y en concreto en cuanto a las notificaciones, con una gran casuística respecto de la vulneración de las garantías y derechos de los contribuyentes. O, lo, Procedimientos Administrativos y manuales de normas y procedimientos En toda organización para que funcione correctamente, es importante que se cuente con información, la cual debe, Conceptualización de Gerencia Estratégica Las organizaciones afrontan continuamente cambios que necesitan ser conducidos con efectividad, la cual no pueden obtenerse si no existen claridad acerca. (2016): “Antecedentes, informes y documentos como prueba suficiente de los hechos ante un tribunal experto. Las autoridades encargadas de gestionar nuestras cuencas andinas ejercen sus funciones en paisajes hidráulicos inimaginables para el legislador peruano. Conforme se desprende de la liquidación corriente a fojas 141 de autos, el demandante ha cobrado su compensación por tiempo de servicios, hecho que ha sido aceptado por él mismo en su escrito de apelación que obra a fojas 177; por tal motivo, conforme lo ha señalado en forma reiterada este Colegiado, al haber cobrado sus beneficios sociales, el accionante ha consentido plenamente la ruptura del vínculo laboral con la emplazada, razón por la cual carece de sustento la demanda y debe ser desestimada. C.S 13-V-1986 «in re» D’argenio, Inés, D. c/Tribunal de Cuentas de la Nación», revista «La Ley», t. 1986-D, pág. 500/991 rija esencialmente para los órganos de la Administración Central. n° 67, 2011 pp. aquí se trata de un procedimiento externo, que corresponde a hechos que tuvieron lugar fuera del ámbito de, cutivo fue pensar que se puede derogar por decreto un principio general de derecho 170. 388 – et. El principio de igualdad, mediante el cual se reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos -artículo 1.° de la Declaración Universal de los Derecho Humanos—, exige que los tratamientos diferenciados estén plenamente justificados de modo objetivo y razonable, más aún cuando los responsables de realizarlo lo efectúen en el ejercicio de funciones públicas. %PDF-1.4 Los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Los derechos fundamentales de la persona y el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros en las Fuerzas Armadas. Ahora bien, más allá de la convención doctrinaria que admite su autonomía como concepto, en puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad (razonabilidad instrumental). Respecto al debido procedimiento se señaló que es el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 15. 47, La desigualdad en la aplicación de potestades administrativas de gravamen: remedios jurídicos, Los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de gestión tributaria, (2012): Modificación del marco regulatorio de las aguas por medio de Actos de Orden Interno emanados de la Dirección General de Aguas (ADAg N°2, Santiago), LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, La Incidencia del Ordenamiento Internacional en la aplicación del debido Proceso ante el Consejo para la Transparencia 1, (2013): Eficacia normativa, transparencia y (nuevo) fracaso del silencio positivo en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo (Procedimiento Administrativo y Contratación Pública, Santiago,), ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA BASE LEGAL : ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, estableciendo principios, reglas y. garantías que deben cumplir las entidades públicas. Siendo el debido procedimiento válidamente aplicable en un procedimiento administrativo debemos precisar el concepto de este, que lo establece el artículo 29º de la Ley Nº 27444, dicho texto legal indica, que se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Sorry, preview is currently unavailable. setiembre de 1991, configura una Disposición General. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. . Los conceptos jurídicos poseen un contenido, en tanto éste implica el conjunto de notas o señas esenciales y particulares que dicha representación intelectual encierra, y una extensión, que determina la cantidad de objetos o situaciones adheridas al concepto. El uso de evidencia etnográfica proveniente de una cuenca hidrográfica de los Andes Centrales (Río Mantaro, Junín) me permite detallar cómo los funcionarios estatales apelan a los mecanismos de localización, adaptación y regularización con el fin de modular la normatividad oficial, atender las necesidades de las organizaciones campesinas de riego y afirmar su papel como representantes del Estado peruano. ¿Por qué? Esta postura se reiterará en la sentencia de 31 de enero de 2001 recaída en el Procedimiento Administrativo Tributario - EL DEBIDO PROCESO ARTICULO 12 DE LA CONTITUCIÓN Art. I. RESOLUCIóN Nº 322/2011, DE 30 DE JUNIO DE 2011. 6227 de 2 de mayo de 1978), cuyo Libro Segundo intitulado "Del Procedimiento Administrativo", constituye una de las pioneras y más tempranas codificaciones de este instituto en Iberoamérica. Conviene puntualizar que uno de los conceptos jurídicos caracterizados por su indeterminación es el interés público. 770)”. tras-cendencia pues, sin necesidad de aceptar el valor de fuente formal de derecho de su (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, de 24 de noviembre de 2006, expresó: “Cuando un Es decir, que exista una consonancia entre el hecho antecedente «creador» o «motivador» del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquél. Los principios del procedimiento administrativo peruano Partes: 1, 2 Introducción Funciones del Estado Antecedentes de los principios del Derecho Administrativo Bibliografía Introducción EL ESTADO Y SUS FUNCIONES 1.1.- ETIMOLOGÍA DE ESTADO.

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